El Servicio Israelí de Prisiones (SIP) trasladó de hospital en las últimas horas al preso palestino Mohamed Allan, en huelga de hambre desde 56 días, por la negativa de los facultativos a alimentarlo en contra de su voluntad.
Allan, que se encuentra en una situación crítica, fue trasladado desde el hospital Soroka de la ciudad de Beer Sheva, al de Barzilai en Ashkelón.
La situación del palestino, que exige a Israel que lo deje en libertad, es crítica después de haber superado los 56 días sin alimento, mientras el SIP sopesa si forzarle a comer en virtud de una ley aprobada en julio.
Los médicos del Soroka se negaron a hacerlo por motivos éticos y legales, aunque no se informó de si los del hospital Barzilai estarán dispuestos a hacerlo.
De 31 años y detenido en noviembre pasado bajo sospecha de militancia en la Yihad Islámica, Allan está bajo cuidados intensivos, y según una nueva disposición israelí se le podría alimentar en contra de su voluntad si su vida corre peligro.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que Allan estaba «en riesgo inmediato» de morir tras superar los 50 días en huelga de hambre.
Abogado de profesión y vecino de la aldea de Einabus, al sur de la ciudad cisjordana de Nablus (Shjem), el palestino fue arrestado en noviembre pasado y puesto bajo detención administrativa, un controvertido estatus legal que no requiere la celebración de juicio.
Desde entonces su detención fue extendida, lo que propició su protesta.
El caso de Allan pone a prueba la constitucionalidad de la resolución parlamentaria israelí, contra la que el sindicato local de médicos presentó un recurso ante la Corte Suprema.
Según la demanda, la mayoría de los facultativos se niegan a cumplir esa ley por considerar que viola los principios éticos de la profesión.
Para alimentar por la fuerza a un preso, el SIP requiere una autorización del juez del distrito, y obtener las recomendaciones a favor de una comisión médica y de la comisión de ética del centro médico donde esté internado, así como exponer la postura del preso en cuestión.
La organización israelí Médicos por los Derechos Humanos instó a las autoridades a que «en lugar de aplicar una ley inválida contra la que pesa un recurso de constitucionalidad, lo que debería hacer es dialogar con el preso para poner fin a la huelga».
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