El Tribunal Supremo israelí canceló temporalmente la detención administrativa del preso palestino Mohamed Aalán, en huelga de hambre desde hace 64 días, que corre riesgo de morir y amenazó con dejar de tomar agua y nutrientes si no se le ponía en libertad.

La Suprema Corte anunció su decisión después de que un escáner mostrase que Aalán sufrió daño cerebral y ordenó que, si se demuestra que el daño sufrido es irreversible, el preso deberá ser puesto en libertad y su detención revocada.

«La condición de Aalán es peligrosa y podría sufrir un rápido deterioro», aseguró el director del Hospital Barzilai de Ashkelon, Hezi Levy.

«Mohamed comenzó gradualmente a perder contacto con su entorno, sus frases no son coherentes, lo que podría indicar un problema cerebral», explicó Levy.

«Estos daños quizás sean reversibles y están siendo tratados por los médicos. Los daños en sí mismos no ponen su vida en peligro, pero se inscriben en un contexto general en el cual, él sí pone su vida en peligro», agregó.

El fiscal general, Yoji Gansin, señaló al tribunal que la liberación debe estar condicionada a que se demuestre que el daño cerebral sufrido no le permitirá regresar a las actividades por las que fue detenido.

No obstante, el Supremo decretó que Aalán debe seguir hospitalizado. «Debido a la condición médica en la que está el peticionario, este va a seguir en cuidados intensivos. Esto significa que por ahora, dado el estado de salud del peticionario, la orden de detención administrativa no está activa y sus familiares podrán visitarlo regularmente».

«Su familia y amigos van a poder visitarlo, no como un preso, siempre respetando las instrucciones de los médicos para visitar a los enfermos», sostuvo el tribunal.
 
Israel no realizó una acusación formal de ningún delito ni informó al reo o a sus abogados de las pruebas contra él al no tener obligación de hacerlo por estar en situación de detención administrativa, una medida que permite el arresto sin juicio ni acusación durante seis meses prorrogables indefinidamente.

Según los abogados del preso, las autoridades israelíes le habían ofrecido un pacto para ponerlo en libertad el próximo 3 de noviembre, cuando concluya el plazo de prisión de seis meses.

Aalán, abogado de 31 años residente en Nablus (Shjaem), en Cisjordania, y sospechoso de ser miembro de la Yihad Islámica, inició la huelga de hambre hace más de dos meses en protesta por su situación de detención administrativa desde noviembre.

Su caso generó una polémica ética en Israel, al ser el primero tras la aprobación a finales de julio de una controvertida ley que legaliza la alimentación forzosa para prisioneros en huelga de hambre, una medida que la comunidad médica israelí considera tortura y que la principal asociación médica del Estado llamó a los facultativos a incumplir.

En la última semana los médicos proporcionaron a Aalán sales, vitaminas y agua vía intravenosa, pero respetaron su voluntad de no ser alimentado por la fuerza.

El caso de Aalán colocó a las autoridades israelíes bajo fuerte presión, ante el temor de que si muere haya una nueva escalada de violencia en los territorios palestinos.

El preso se despertó el pasado martes, tras varios días en coma, y comunicó a los médicos que iba a continuar con su huelga de hambre y que si Israel no resolvía el caso en 24 horas pediría el cese de todo cuidado sanitario y dejaría de beber agua.

Antes de la decisión del tribunal, el ministro de Seguridad interior, Gilad Erdán, estimó que la liberación de Aalán «recompensaría su huelga de hambre y podría animar a emprender huelgas similares masivas entre los detenidos bajo seguridad, que encontrarían así otra manera de chantajear al Estado de Israel».

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