Esta semana, las Islas Malvinas llevaron a cabo el único referendum de su historia. Según los resultados oficiales de dicho plebiscito, el 90% de los inscritos acudió a las urnas de los cuales 1.513 votaron por mantenerse administrados por el Reino Unido mientras sólo 3 se opusieron.

Tras ello, Londres exigió a Argentina y al mundo respetar la autodeterminación de dichos isleños y adujo poseer un fuerte mandato para seguir manteniendo su control sobre el archipiélago.

Resultados que bordean el 99% de aprobación son usualmente relacionados a plebiscitos dictatoriales. El hecho que no haya ni si quiera una sola familia de kelpers que exija que las Malvinas vuelvan a ser argentinas evidencia hasta que punto existe una demonización e intransigencia hacia el país al cual se le ganó una guerra en 1982, la misma que causó más muertos que el número de personas que entonces vivían y trabajaban allí.

El gobierno argentino condenó ese referendum argumentando que «la autodeterminación sólo puede aplicarse a naciones históricas o pueblos autóctonos o constituidos, pero nunca a pequeños grupos de colonos». Si bien puede respetar la identidad británica de quienes provinieron del Reino Unido, ésta exige que el asunto sea tratado bilateralmente sólo con Londres y sin que medien unos pocos colonos, la mayoría de los cuales están ligados a la base naval británica de dichas islas.

El gobierno británico llegó a tildar a Argentina de colonialista y ahora plantea erigirse como un campeón de la democracia. Ciertamente que los isleños hasta antes de la guerra de 1982 ni si quiera tenían ciudadanía británica y ahora la tienen a medias pues aún no votan en las elecciones generales del Reino Unido, derecho que, sin embargo, si poseen habitantes de distintas colonias francesas ultramarinas, quienes pueden votar por sus congresistas o por el presidente de Francia.

Pero la manera en la cual Argentina pretende acreditarse un mandato democrático para Malvinas no va de la mano con una situación similar. El pasado mes de septiembre, en la ONU, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba dispuesto a votar por el reconocimiento unilateral de un Estado palestino aún cuando acuerdos internacionales firmados entre Israel y la Autoridad Palestina establecen que dicho Estado sólo podrá ser creado como consecuencia de negociaciones directas y entendimiento mutuo entre las partes.

Cabe recordar que, a diferencia de las Malvinas, conquistadas por Gran Bretaña a un país independiente en un brutal acto de agresión territorial, Israel conquistó Cisjordania cuando ésta formaba parte del reino hachemita de Jordania y como consecuencia de una acción defensiva, luego de que el entonces rey Hussein, alentado por el presidente egipcio Nasser, le diera la orden de atacar al Estado judío con el fin de «encontrarme con Hussein en Tel Aviv».

A diferencia de los kelpers, los habitantes de Cisjordania en 1967 tenían ciudadanía jordana y podían votar y ser electos para el parlamento o gobierno jordanos. Muchos influyentes ministros y diputados provenían de dicho territorio.

De hecho, la actual reina de Jordania, Rania al-Yassin, esposa del monarca Abdullah II, nació en un campo de refugiados de la hoy autónoma ciudad palestina de Tulkarem.

De acuerdo con la «interpretación palestina» de Cristina, Rania debería influir en anular el tratado de paz jordano-israelí y exigir al Estado judío su derecho personal a la autodeterminación y al retorno después de la Nakba (catástrofe, en árabe) de 1948. Pero los mismos derechos que Cristina le niega a los kelpers está dispuesta a regalarle automáticamente a los palestinos.

Como se puede ver, para los políticos el derecho de autodeterminación de los pueblos pasa más por sus intereses inmediatos que por sus ideologías. Favorecer la creación unilareral de un Estado palestino le facilita al gobierno argentino firmar un acuerdo con Irán para que una «Comisión de la Verdad» asesine nuevamente a las víctimas de la AMIA, mientras Cristina trata de ocupar en América Latina el vacío producido por la muerte de Chávez para obtener, entre otras cosas, una conexión directa con el petróleo de Teherán.

Y todo en nombre del «sagrado» derecho de autodeterminación de los pueblos, que cuando conviene se aplica y cuando no, no.