Después de que el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbás, declarara en la Asamblea General de la ONU que su Gobierno no está obligado a cumplir los Acuerdos de Oslo de 1993, volvieron a surgir los episodios de violencia en el conflicto israelí-palestino y muchos temen una Intifada como las de 1987 y 2000.

Los Acuerdos de Oslo entre el Gobierno israelí y la Organización para la Liberación Palestina (OLP) llevaron a la creación de la AP como un autogobierno con algunas facultades administrativas, pero con fuerzas policiales débiles, sin ejército, sin monopolio de los impuestos y con un alto grado de dependencia del Ejecutivo hebreo. Es decir, un Gobierno sin independencia y sin Estado.

En esos acuerdos, la OLP, liderada por Yasser Arafat, reconoció la existencia del Estado de Israel, aunque no lo admitió como Estado-nación del pueblo judío, e Israel, gobernada por Itzjak Rabín, reconoció a la OLP como el representante legítimo del pueblo palestino, pero no recibió a Palestina como Estado. Esta decisión de Rabín y Arafat es vista como un craso error por muchos estudiosos del conflicto.

Los acuerdos interinos firmados en 1995 suponían, en consonancia con la resolución 242 emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967, que se daría una retirada progresiva de las tropas israelíes de los territorios palestinos conquistados en la Guerra de los Seis Días ese mismo año. Suponían, además, que se iba a garantizar la continuidad geográfica de Cisjordania y la Franja de Gaza. También preveían un uso sostenible y compartido de los recursos hídricos en la región. Sin embargo, los puntos gruesos del conflicto - fronteras, Jerusalén, refugiados y seguridad - quedaron fuera de los acuerdos interinos y serían abordados de manera gradual hasta llegar a un pacto final.

Nada de eso se cumplió. Al contrario, la expansión de asentamientos israelíes y la construcción de la cerca de seguridad que serpentea por Cisjordania y va más allá de las fronteras previas a 1967 endurecieron el régimen de ocupación durante más de dos décadas. Como resultado, hoy Israel tiene el control de más del 60% de Cisjordania y, a pesar de que retiró las colonias que tenía en Gaza en 2005, el bloqueo terrestre, aéreo y marítimo, así como el control económico de la zona, sigue siendo entendido como ocupación por la ONU.

Desde 1993, la población de colonos judíos creció exponencialmente en Cisjordania, llegando a más de medio millón. Al mismo tiempo, Israel incrementó el uso de los recursos hídricos en esa zona.

Por su parte, durante el mismo proceso negociador, la ola del terror palestino aumentó de manera escalofriante. Entre 1994 y 1995 más de 1.000 civiles israelíes fueron víctimas mortales de atentados en autobuses, restaurantes, hoteles y coches bomba que estallaban a lo largo y ancho del país, sembrando inseguridad en lugar de confianza y desesperación en vez de ilusiones.     

Sin embargo, y a pesar de estos hechos, se seguía considerando que los Acuerdos de Oslo regían las relaciones entre ambas partes.

Pero luego del asesinato de Rabín, del trauma nacional que produjo y de la segunda sangrienta Intifada, los posteriores intentos de  tratativas bilaterales por llegar a un acuerdo permanente fracasaron uno tras otro. El último, en el que Estados Unidos intentó mediar, se derrumbó por la negativa israelí a detener el proceso de colonización de Cisjordania, por su exigencia de que fuera reconocido como Estado judío y por el accionar palestino de recurrir unilateralmente a la ONU para obtener reconocimiento, violando así lo pactado entre Rabín y Arafat.

La nueva estrategia de la AP de invocar a organismos multilaterales y a la justicia internacional, le trajo ciertos resultados a nivel político, pero en el terreno le generó duras represalias. Hoy Palestina es considerado un Estado por la mayoría de países miembros de la ONU y tiene el estatus de Estado observador no miembro en esta organización. Además, aprovechó ese reconocimiento para adherirse a otros organismos y tratados internacionales y para demandar a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra.

Fue así que teniendo el reconocimiento como Estado, Abbás anunció en la ONU que no estaba obligado a cumplir los Acuerdos de Oslo y reiteró que Palestina hoy no es un pueblo o un territorio en disputa, sino un Estado ocupado y bajo flagrantes violaciones del derecho internacional por parte del poder ocupante. Con el respaldo de múltiples resoluciones de la ONU y de una opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2004, el mandatario llamó a que se reconozca a Israel como poder ocupante y se le obligue a cumplir sus responsabilidades.

No obstante, las declaraciones de Abbás no cambiaron en nada la realidad, porque los Acuerdos de Oslo estaban muertos desde que ambas partes decidieron matarlo. El problema es que su fracaso abrió la puerta a más violencia y acusaciones mutuas de israelíes y palestinos de haber promovido mayores atropellos. Aquí es donde se genera una responsabilidad de la comunidad internacional, empezando por las potencias con derecho a veto en el Consejo de seguridad, que siguen siendo los actores potencialmente más influyentes.

Pasaron pocos días desde el discurso de Abbás hasta que empezaran a verse brotes de violencia en la Ciudad Vieja de Jerusalén y en Cisjordania y de que el Gobierno israelí responsabilizara a la AP por estos hechos. Estos episodios no son novedad alguna. Son la repetición de la violencia que se vuelve sobre sí misma cuando se deja de negociar.

Así, las causas profundas del problema siguen siendo la ocupación que Israel se niega a detener y el terror palestino que impide cualquier intento de diálogo.

Por ello, las relaciones entre ambas partes sólo mostrarán perspectivas positivas el día en que tengamos un acuerdo sobre el fin efectivo de la ocupación israelí y cese de los atentados terroristas palestinos.

De no ser así, las musas seguirán callando en la zona.