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¿Acusarán o no acusarán?

Corte Penal Internacional A partir del 1 de abril, «el Estado de Palestina» será miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal internacional permanente con sede en La Haya que juzga a acusados de crímenes de guerra, genocidio, agresión y lesa humanidad.

El anuncio fue hecho esta semana en un breve comunicado del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, publicado en la página web del organism, y se trata de un cambio que podría impactar aún más el ya interrumpido diálogo entre palestinos e israelíes.

Al convertirse en el miembro 123 de la CPI, la Autoridad Palestina (AP) podrá denunciar a soldados y oficiales israelíes por crímenes de guerra.

Los palestinos también podrían ser condenados por el tribunal.

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansur, anunció que la AP solicitará investigaciones sobre dos temas: presuntos crímenes cometidos durante la operación israelí «Margen Protector» contra Hamás en Gaza el año pasadoy la expansión de asentamientos judíos en Cisjordania.

El acceso de la AP al Estatuto de Roma, el documento que fundó la CPI en 1998, generó fuertes reacciones por parte de Israel y Estados Unidos.

La vocera del Departamento de Estado en Washington, Jen Psaki, declaró que la decisión de la AP es «contraproducente y daña la atmósfera necesaria para reanudar el diálogo de paz».

Psaki señaló también que el Gobierno de Obama revisa el paquete de ayuda anual de más de 400 millones de dólares a los palestinos.

Israel respondió congelando la transferencia de más de 100 millones de dólares de fondos de impuestos destinados a la AP y prometió anunciar más medidas.

¿Pero qué consecuencias concretas podría tener una denuncia palestina ante la CPI?

Cuando un Estado pasa a ser miembro de la CPI puede solicitar a la oficina de la fiscal principal, que es parte de la Corte pero actúa en forma independiente, que examine una situación en forma preliminar.

Un país no puede pedir a la actual fiscal principal de la CPI que investigue un caso o denuncia contra una persona específica.

La AP, en cambio, puede en cambio solicitar que se examine la violencia israelí en Gaza en el verano de 2014.

La membrecía de la CPI es a partir de abril, pero la AP presentó una declaración especial solicitando que la jurisdicción se active retroactivamente, lo que posibilitaría una investigación sobre los sucesos en la franja.

Según cifras de la ONU, la operación «Margen Protector», que se inició el 8 de julio de 2014 y duró 50 días, dejó al menos 2.100 palestinos muertos, incluyendo cerca de 400 niños, y 72 israelíes fallecidos, la mayoría de ellos soldados.

En su solicitud de membrecía, el presidente de la AP, Mahmud Abbás, señaló que el Gobierno palestino «reconoce la jurisdicción de la corte para el propósito de identificar, procesar y juzgar a los autores y cómplices de crímenes cometidos en el territorio ocupado de Palestina, incluyendo Jerusalén Este, desde el 13 de junio de 2014».

La segunda solicitud de investigación podría centrarse en los asentamientos judíos Cisjordania «porque podrían constituir crímenes de guerra en un conflicto interno».

Una de las dificultades que enfrentará la fiscalía para decidir si el tribunal tiene jurisdicción es que aparte de decidir si se cometió un crimen debe constatar en qué territorio tuvo lugar; y en este caso se trata de tierras que son reclamadas por ambas partes. Es uno de los temas que deberá resolver la fiscal.

Abbás firmó la solicitud de ingresar a la CPI un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara una resolución presentada por Jordania que establecía un plazo de tres años para el fin de la ocupación israelí y el establecimiento de un Estado palestino.

La AP enfrenta fuertes presiones del pueblo y de otros partidos para actuar o renunciar. El Gobierno palestino dice que las negociaciones con Israel no conducirán un Estado soberano respetando las fronteras de 1967.

Negociadores israelíes ya indicaron que Israel no se retirará a esas fronteras y que mantendrá grandes bloques de asentamientos en Cisjordania.

Aún ante la posible pérdida de fondos de ayuda norteamericana, Abbás plantea una nueva estrategia para salvar a la AP y presionar a Israel. Se trata de una estrategia que, según asegura, ayudará también a prevenir ataques israelíes y reducir la expansión de los asentamientos.

La membrecía palestina de la CPI tendrá ramifiaciones políticas pero no hay que olvidar que la Corte es una institución independiente que no se guía por amenazas.

Israel, al igual que Estados Unidos, no es miembro de la CPI ni reconoce su jurisdicción.

La Corte no tiene una fuerza policial y no cuenta con autoridad para entrar a Israel o a la AP y arrestar sospechosos.

Pero la CPI podría emitir órdenes internacionales de arresto que algunas naciones en Europa y en otras regiones podrían acatar.

Sin duda, una situación complicada para dirigentes, oficiales y soldados israelíes.