Entre tanto anuncio de planes especial para canjear bicicletas, camiones, lavarropas, heladeras, y cocinas usados por otros nuevos con mínimos beneficios, la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner se despachó con un anuncio de anticipo de las elecciones.

Eligió un acto en el sur para anunciar que enviaría un proyecto al Congreso para que los legisladores trataran el adelantamiento de los comicios para renovar cargos legislativos a lo largo y a lo ancho de la Argentina.

De esa manera, en lugar de votar el 25 de octubre, sanción del proyecto de ley mediante, se sufragaría el 28 de junio. Es decir, cuatro meses antes, y porque legalmente no había margen para hacerlo aún más temprano.

Si bien no estaba todo dicho, porque recién esta semana los legisladores deben tratar el tema, y el Ejecutivo podría encontrarse con el escollo de no lograr mayoría parlamentaria, desde la oposición salieron de inmediato a hacer lo que mejor saben: oponerse.

Sin muchas luces, referentes de distintos sectores y partidos políticos cuestionaron la medida de la presidente, asegurando sin muchas argumentaciones que no había motivos para tomar tamaña decisión.

Algunos, sin embargo, pese a estar en la vereda de enfrente admitieron que la medida era medianamente lógica, en tanto se cumpliera el objetivo planteado por Cristina: adelantar los comicios para, de alguna manera, sacarse el problema de encima, y después poder trabajar con total predisposición en medidas para hacer frente al impacto de la crisis mundial.

Lo cierto es que dos datos se pueden sacar de inmediato en limpio ras el anuncio. Por un lado, la delicada situación que lleva al gobierno a adoptar una medida tan trascendental como modificar el esquema eleccionario fijado para cada tercer domingo de octubre. Por el otro, el deslucimiento cada vez mayor de las figuras que integran las diferentes alternativas políticas de la Argentina.

Yo me opongo
El dato más claro en la reacción de los partidos políticos de oposición a la conducción del Frente para la Victoria, el partido de la presidente, fue, justamente, su oposición.

Antes, aún, de analizar los argumentos con que Cristina Fernández justificaba el adelantamiento de las elecciones, los referentes opositores dijeron “No”.

Tampoco, después de esa negativa inicial, supieron echar mano a argumentos válidos como para justificar su posición.

Ante muchos observadores, volvieron a ratificar que carecen de propuestas alternativas de solución a los graves problemas de la Argentina, y que sólo se limitan a rechazar las propuestas oficiales en virtud de que, precisamente, son oficiales.

En algunos ámbitos de discusión política se puso como ejemplo de esta desacertada actitud de la oposición, el hecho de que menos de 48 horas antes del anuncio de modificación de la fecha electoral, la presidente había lanzado un plan de créditos para la modificación de viviendas.

Ese plan, en la misma línea de los planes de canje con los que el Gobierno buscaba estimular el consumo, se mostraba en un todo alejado de la realidad del país, pero no fue objeto de crítica por parte de los referentes opositores.

En pocas líneas: planteaba que para acceder al crédito, el potencial beneficiario debía estar en condiciones de pagar una cuota de entre 3000 y 7000 pesos. Como la ley argentina lo establece, esa cuota no puede superar el 25 por ciento de los ingresos de quien contraiga la deuda. Es decir, quien opte por el crédito debe ganar entre 12000 y 28000 pesos.

Teniendo en cuenta que el promedio de sueldos del país se ubica en torno a los 2500 a 4000 pesos, que el salario mínimo fijado por el Gobierno es de 1200 pesos, y que los sectores más humildes, que reciben asistencia del Estado, perciben planes social de 150 pesos mensuales por familia, se caía de maduro que las grandes mayorías iban a quedar al margen de los créditos para la reformas en la vivienda.

Eso sin contar, claro, que como señalaron varios gerentes de entidades bancarias consultados, quienes cuentan con abultados ingresos no optan por el crédito, sino que manejan sus inversiones con dinero en efectivo.

Sin embargo, pese a todo esto, en ese caso, como en los de anuncios anteriores, la clase política no emitió juicios. Se limitó a sumarse únicamente a las quejas de sectores que decidían enfrentar al Gobierno y plantear sus reclamos por su propia vía.

El argumento del Ejecutivo
Volviendo al proyecto de adelantar los comicios, la argumentación oficial fue que de esa manera se superarían los “trastornos” que ocasiona una elección: campañas proselitistas, erogaciones económicas, pulseadas de nombres en el armado de las listas, entre otras cuestiones, y que luego podría darse una suerte de encuentro nacional para discutir entre todos los sectores la salida a las consecuencias que la crisis económica mundial está generando en Argentina.

Si bien parece no dejar de ser real ese planteo, lo cierto es que el rebote de la crisis ya dio en el país, y dio con mucha más fuerza de la esperada, con una virtual paralización de la economía. Cayeron los precios internacionales y con ellos el volumen de divisas de que se hacía el Gobierno reteniendo en concepto de impuestos un porcentaje de la masa de ganancias de los exportadores, y se desaceleraron las operaciones en sectores clave de la economía como la comercialización de electrodomésticos o la construcción.

Más remoto parece, aún, el argumento de algunos opositores, en el sentido de que adelantar las elecciones le garantizará al Gobierno mejores resultados para sus referentes en cada provincia del país, dado que la imagen de la administración de Cristina Fernández está fuertemente dañada. Incluso, en ese caso, la postulación de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, a la cabeza de la lista tampoco parece perfilarse como la carta oculta en la manga para revertir el deterioro.

El dato más concluyente, pero del que poco se habla oficialmente, es el de la inseguridad. Para algunos, azuzada políticamente, para otros una mera consecuencia de la crisis y el deterioro económico-social, lo cierto es que la crisis en materia de seguridad está instalada, y preocupa mucho más de lo que el propio Gobierno quiere admitir.

El crecimiento de los crímenes por rencillas entre narcotraficantes que apuntan a “colombianizar” el país, el asesinato de cuatro policías en apenas veintidós días, y los hechos de inseguridad que además de sumarse sin freno entre los ciudadanos comunes empiezan a incluir a famosas personalidades, han desatado un repunte del malestar social, y con él, el fantasma de nuevos reclamos populares en la calle como el “cacerolazo” del 2001, o los que en 2008 se hicieron escuchar para defender el reclamo del campo en contra de la pretensión del Gobierno de aumentarles los impuestos a la exportación.

Una nueva ola de protestas masivas en las calles es algo que el Gobierno no puede darse el lujo de tolerar, a riesgo de terminar de caer en completa desgracia.