El general Rivero, de 86 años, cumplirá cadena perpetua en una prisión civil. Otros cinco represores durante la dictadura en Argentina fueron condenados. Los acusados habían sido indultados bajo las leyes de punto final.

Floreal Avellaneada tenía 14 años cuando fue secuestrado en la madrugada del 15 de abril de 1976 por un comando de la dictadura militar argentina. Habían ido a buscar a su padre, un dirigente sindical, y como no estaba, se lo llevaron a él y a su madre, Iris Pereyra. Ella estuvo desaparecida y luego fue enviada a prisión.

El cuerpo de Floreal fue encontrado en la costa uruguaya del Río de la Plata, atado de pies y manos, y "con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles", según la autopsia.

En la madrugada de ayer, 32 años después, los responsables de aquel crimen fueron condenados a cadena perpetua.

El general Santiago Omar Riveros era el comandante de los Institutos Militares de Campo de Mayo, el principal centro de operaciones represivas del Ejército. Su nombre infundía pánico en los peores días de una dictadura que se extendió hasta 1983.

En 1990, el presidente Carlos Menem lo premió con el indulto. Pero el muro de la impunidad ha comenzado a derrumbarse y, a los 86 años, el principal acusado del secuestro y homicidio del Negrito Avellaneda deberá cumplir su condena en una cárcel común. Cinco subordinados suyos, entre ellos el temible general Fernando Verplatsen, recibieron penas de entre 25 y ocho años.

La sentencia que dictó el Tribubal Oral 1 en la madrugada de ayer es, en cierto sentido, histórica, porque revisa por primera vez los hechos ocurridos en la jurisdicción de Campo de Mayo. Miles de personas que pasaron por esa unidad militar corrieron el mismo destino que Avellaneda. Pero su caso, por la crueldad manifiesta, provocó inmediatamente escozor internacional.

El escritor Rodolfo Walsh fue el primero en denunciarlo en su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, un año después del golpe. Después de enviar la misiva, Walsh también fue asesinado.

El cadáver de Avellaneda fue encontrado el día que debía haber cumplido 15 años. La tragedia que lo arrastró por las aguas del Río de la Plata ya había sido probada por completo en 1985, durante el juicio a los jerarcas de la Junta Militar.

Los jueces que dictaron la sentencia hallaron nuevas pruebas sobre cómo el chico y su madre fueron arrancados de su casa, en los suburbios bonaerenses, y llevados a una comisaría donde los torturaron.

Los militares habían dejado constancia escrita de la detención de la mujer, pero no se decía nada sobre su hijo. El certificado de defunción de Floreal fue redactado en Montevideo. Los médicos forenses encontraron señales de que el joven había sido "empalado".

"Hace 26 años que padezco el tormento de recorrer estrados judiciales". Estas palabras no fueron pronunciadas por los Avellaneda, que ni siquiera pudieron recuperar el cuerpo del adolescente, sustraído misteriosamente del cementerio en 1979. Las dijo Riveros en su alegato. Para el exgeneral, el concepto de "crímenes de lesa humanidad" es "foráneo" e inaplicable a lo que ocurrió en Argentina. "Ustedes son jueces de la democracia pero no pueden ser nuestros jueces, no nos conocen bien", añadió.

La condena se ha producido en un momento en el que dos sectores de los organismos de derechos humanos polemizan sobre el número de desaparecidos bajo la dictadura. Graciela Fernández Meijide dice que no llegan a 9.000. Las Madres de la Plaza de Mayo insisten en que son 30.000. Hablar de cifras, dicen, es "hacerle el juego al enemigo". 

La sentencia da la justa medida de las barbaridades cometidas por los matarifes de la dictadura militar que se adueñó del país en 1976.

Este delito de secuestro y asesinato por empalamiento es el primero que se esclarece en el llamado megaproceso de Campo de Mayo, que pretende dilucidar las responsabilidades derivadas de la desaparición de 500 opositores. Y es también el primero que se beneficia de la derogación de las leyes de perdón, aprobadas bajo la presión de los uniformados que sembraron el terror entre sus conciudadanos.

Sin esta derogación, ejemplar a todos los efectos, no hubiese sido posible llegar otra vez hasta el nido de la serpiente. Por el contrario, los responsables de la tragedia habrían quedado impunes, cuando no rehabilitados, y de paso no se hubieran visto obligados a retratarse.

Tan importante como esto es la lección que da la justicia argentina; contra lo que pretendieron en su día los verdugos, el paso del tiempo no diluye las responsabilidades.

Hay que añadir que la reconciliación debe cicatrizar las heridas de la tragedia, pero no puede ser una coartada para la amnesia histórica, que ofende la memoria de las víctimas y evita a los victimarios atenerse a la obligación moral y cívica de dar explicaciones y tratar de reparar así en lo posible el daño causado.