La Suprema Corte de Argentina emitió un fallo mediante el cual despenalizó la tenencia de marihuana en cantidades consideradas de consumo personal.

Durante la primera mitad  del siglo XX, Argentina fue definida por los economistas como un fenómeno especial por su capacidad de resurgimiento económico, su nivel cultural y educativo y su desarrollo. Buenos Aires era comparada con las grandes capitales de Europa.

Sin embargo, en las dos últimas décadas la idiosincrasia de sus habitantes se ha ido latinoamericanizando, acentuando así el hecho de que Argentina es un país que llegó a tocar fondo.

Es por esos y otros factores que muchas medidas adoptadas a nivel nacional, que buscan equiparar al país al nivel de la "modernidad legislativa y judicial" de Europa, EE.UU, e incluso Israel, terminan resultando objeto de los más duros cuestionamientos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo por el cual despenalizó la tenencia de marihuana en cantidades consideradas de consumo personal con una salvedad clara: sólo para mayores de 18 años, y siempre y cuando el uso de la sustancia se restrinja al ámbito privado y no afecte el orden público.

La medida que buscaba dar un toque de modernidad a un país que aspira emular a sociedades europeas occidentales, pero que se rige por normas similares a las de países del tercer mundo, estaba condena a suscitar los más encontrados cruces.

Los unos y los otros

Las dos posiciones más claras en torno al fallo las aportaron el Gobierno y la Iglesia Católica.

Desde el Estado Nacional salieron a plantear la necesidad de despenalizar la marihuana, minimizando su impacto como sustancia adictiva, y estableciendo además, como premisa, la necesidad de centralizar la lucha contra las llamadas "drogas duras".

Para la Iglesia, en cambio, el fallo sencillamente abre las puertas a un aumento directo de la cantidad de adictos y del delito.

En el ámbito de la sociedad en general, las opiniones están igualmente divididas, pero con amplios matices. Hay quienes coinciden con la posición eclesiástica y temen un incremento de la inseguridad. Están aquellos que luchan contra el flagelo de la adicción a la pasta base de cocaína, y que sin embargo, avalan la despenalización de la marihuana. Para otros, en cambio, la decisión de la Corte es el primer paso para avanzar hacia una merma en el consumo; de la mano de la lógica inversa, consideran que todo aquello que está prohibido, cala más profundo en la sociedad. En cambio, para importantes referentes del progresismo que sostienen que Argentina es en muchos otros aspectos un país particular y difícil de encasillar, el panorama tras la despenalización es súmamente dudoso.

El país superficial

Lo que está claro es que en Argentina los debates se plantean de manera muy superficial, respondiendo a la urgencia de la coyuntura y sin aplicar una mirada más amplia y profunda.

En ese aspecto, deben ser tomados en cuenta tres temas centrales: el avance del "paco", la atención a los adictos y la cuestión jurídica.

El "paco", o pasta base de cocaína, está en Argentina desde el año 2000. Apareció en una barriada muy pobre de Buenos Aires; desde entonces no ha hecho más que abrirse paso, primero entre los estratos sociales más bajos, y luego en los más aristocráticos.

Por su bajísimo costo (menor al de la marihuana), el daño acelerado que provoca y su violento grado adictivo, se convirtió en una droga casi imparable. Detrás de ese fenómeno se manifiesta otro que sigue sin ser atendido: para que haya "paco", deben haber en Buenos Aires y el Conurbano - que juntos concentran casi la mitad de la población del país - laboratorios donde se fabrica cocaína.

El cuanto a la atención de los adictos, un referente de la seguridad me planteaba hace algunos días que la única forma de poner freno a la relación droga/delito no está en reprimir la tenencia o el consumo de estupefacientes en pequeñas cantidades, sino en atacar el problema de la adicción misma.

Dicha persona me comentaba que el Estado no financia los Centros de Prevención de las Adicciones (CPA), creados para asistir y recuperar a los adictos. Muchos de ellos se encuentran colapsados en los municipios del Conurbano y otros llegan a estar al borde del desalojo porque el Gobierno no paga los alquileres de las sedes donde funcionan.

En lo relacionado al aspecto jurídico, mientras que sistemáticamente se habla del colapso de los tribunales por la cantidad de causas existentes, el dictamen pareciera generar el mismo veneno que prolongará la agonía de los mismos.

Por cada operativo que se realiza en las calles y en los que se secuestran cantidades ínfimas de marihuana u otras sustancias adictivas para consumo personal, se abre una causa que implica tiempo, dinero, papeleo y atención de funcionarios judiciales.

Si a ello le agregamos el lleno en las cárceles, resulta que los demorados con cantidades ínfimas de drogas sólo pierden los estupefacientes que llevaban, no son derivados a centros de asistencia ni detenidos por las fuerzas de seguridad. Media hora después volverán a comprar drogas, serán detenidos nuevamente y se les abrirá una nueva causa. Un círculo ridículo, grotesco y muy peligroso.

Más que un fallo de la Corte Suprema, la lucha contra la droga exige una seria política de Estado. Es un verdadero peligro que narcotraficantes provean sustancias mortales como heroína y cocaína. Los recientes informes elaborados por el SEDRONAR demuestran que Argentina está muy lejos de luchar categóricamente contra este flagelo.