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¡Diálogo de sordos!


Poco o nada resulta transparente en el debate que busca reemplazar y aggiornar la ley que regule la actividad de los medios de comunicación en Argentina.


Como una de las paradojas más absurdas, los encargados de comunicar a diario informaciones desde distintos medios de comunicación en Argentina, han quedado en flagrante infracción a la hora de tener que transmitir, justamente, el proyecto de ley con el cual el Gobierno busca reordenar la actividad en el sector de las comunicaciones.

Una paradoja que deja de serlo si se tiene en cuenta que el debate no se plantea en lo que se refiere a la Ley de Servicios Audiovisuales y Comunicación propiamente dicha, sino en función de los medios que podrían verse afectados por ella.

Estos medios son, en realidad, grandes grupos económicos, dueños de verdaderos conglomerados comunicativos, con capacidad de digitar una realidad a su medida.

Así las cosas, el proyecto Ley de Servicios presentado por el Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner logró ganar tanta atención como para dejar relegado a un muy deslucido segundo plano el conflicto "campo-Gobierno", y el paro de los ruralistas por una semana.

Pero en el debate de la normativa con que se busca reemplazar y aggiornar la legislación que regule la actividad de los medios, y que data de la última dictadura militar, poco o nada resulta transparente.

Por un lado, un verdadero ejército de periodistas del Grupo Clarín, uno de los grupos económicos de comunicación que más podría verse afectado, salieron a defender con estoicismo a una firma que posee más de 250 medios, entre canales de televisión abierta y de cable, radios de AM y FM, editoriales, papeleras, medios gráficos, agencias de noticias y varios rubros más.

Ante un Ejecutivo varias veces apedreado por la sociedad por sus desaciertos, los defensores del status quo encontraron rápidamente un argumento para sustentar su posición: "el Gobierno quiere manipular los medios a su antojo".

Por el contrario, en la otra vereda están los que defienden el proyecto por alineación política y obediencia debida a la Casa Rosada, además de aquéllos que lo hacen con el sincero convencimiento de que la ley propuesta traerá considerables avances. A unos y a otros se los ubica en el mismo lado a la hora de denostarlos sistemáticamente.

El debate que no se debate

Varios aspectos resultan singulares. Por un lado, la degradación grosera que provocó el proyecto en la calidad del periodismo argentino en apenas estas dos últimas semanas, convirtiendo a reconocidas figuras de la comunicación en burdas marionetas, y poniéndolos a repetir argumentos que con una simple leída de la propuesta se caen por su propio peso.

El debate se ha instalado en los propios medios que pueden ser pasibles de pérdidas económicas por la condena que la nueva ley entraña para los monopolios y los oligopolios, pero no se traslada al parlamento. Y es que justamente en el lugar en el que un proyecto de ley presentado en el marco de un sistema democrático debería debatirse, aquellos legisladores argentinos que no lo apoyan, se niegan siquiera a entablar discusión respecto a él.

Es entonces que los contenidos principales del proyecto: calidad de comunicación, calidad de contenidos, diversidad de medios, pasan en absoluto inadvertidos para el grueso de oyentes, televidentes y lectores.

A la mayoría de los argentinos, la cuestión les llega semiprocesada, con una ilusión de alternativa, como llama la psicología a la falsa opción de elegir entre dos propuestas que en ninguno de los dos casos son del todo beneficiosas, pero que además, están lejos de ser las únicas.

Rechazar el proyecto ley es defender la libertad de prensa y evitar que el Gobierno se beneficie entregando medios de comunicación a sus amigos, dicen unos.

Para otros, en cambio, discutir la ley, y eventualmente ponerla en vigencia es garantizar una mayor diversidad/libertad de prensa, y limitar el poder de los grandes grupos económicos de las comunicaciones.

Las discusiones en torno al proyecto se han encargado de anular toda posibilidad de diálogo real, concreto y de fondo. Una vez más, paradojas de la Argentina.