La minoría árabe de Israel, un 20% de la población, declaró el 30 de enero como jornada de solidaridad internacional con sus miembros, en un acto reivindicativo para exigir la plena igualdad a las autoridades.

«Lo decidimos así por las crecientes violaciones de nuestros derechos en Israel, y tras la ilegalización del Movimiento Islámico (Facción Norte) y la persecución de ONGs de izquierda», dijo el portavoz del Comité de Seguimiento Árabe Israelí, Yousef Jabareen.

Esa organización representa los intereses de esta minoría de más de 1,5 millones de personas.

Jabareen destacó que no se trata de una decisión «de un día para el otro», sino que se venía trabajando sobre ella desde hace meses ahora se decidió convocarlo «lo más rápido posible, por la urgencia de la situación».

«No quiere decir que vaya a ser todos los años el mismo día», agregó.

Los actos centrales el próximo 30 tendrán lugar en la localidad de Shfaram, en la Baja Galilea, aunque también se convocaron eventos en Jordania, Líbano y Ramallah en «un intento de ganar el apoyo internacional a la lucha de los árabes-israelíes por sus derechos».

«Contamos con el apoyo de numerosos grupos de derechos humanos y organizaremos con ellos conferencias, presentaciones y todo tipo de actos», explicó el portavoz.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) se sumó a las condenas de Israel por la demolición de una vivienda construida ilegalmente en la ciudad árabe de Taibe, al considerar que es lo mismo que "escupir" a los miembros de la minoría.

«El Gobierno israelí insiste en hablar el lenguaje de la destrucción y la demolición cuando trata con la minoría árabe dentro de Israel. La demolición de la vivienda, cuando las grúas siguen construyendo torres en el vecino poblado de Tsur Itzjak es un escupitajo en la cara de los ciudadanos árabes del país», se afirmó en un comunicado en el que se exige resolver el problema de la vivienda que sufren.

La vivienda, perteneciente a la familia Zabarka, fue demolida por haber sido levantada sin el permiso de las autoridades de planificación, y aunque la alcaldía de Taibe gestionaba su legalización la Comisión de Urbanización del Distrito exigió su derribo, explicó Jabareen.

Por este y otros actos de supuesta discriminación, los árabes israelíes consideran que el Estado les da trato de «ciudadanos de segunda clase, tanto en términos económicos, sociales como politicos».

Según ese Comité, los árabes israelíes están representados por debajo de su porcentaje en la población en las esferas públicas y en los foros donde se toman las decisiones.

«En comparación con sus conciudadanos judíos los municipios árabes reciben menos financiación y son discriminados», denunció el Comité en un comunicado en el que anunció la convocatoria de la jornada de solidaridad.

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