El Gobierno israelí aprobó en su reunión semanal subvenciones y créditos para más de 600 comunidades israelíes consideradas «áreas de prioridad nacional», ampliando así una lista anterior. La nueva incluye localidades pobres en zonas periféricas y también 91asentamientos ubicados en Cisjordania.

Según el diario «Yediot Aharonot», la decisión generó tensión en el Gabinete, principalmente entre la ministra de Justicia y responsable de las negociaciones con los palestinos, Tzipi Livni, quien se opuso a la resolución, y el ministro de Economía y Comercio, Naftali Bennet, líder del partido ultranacionalista religioso Habait Haiehudí, defensor de los asentamientos y opositor a un Estado palestino.

«Debemos seguir alentando la construcción en Judea y Samaria», sentenció Bennett, según informó el rotativo israelí.

Livni, en cambio, se mostró a favor de una moratoria en el desarrollo y construcción en los asentamientos, una de las condiciones principales que reclaman las autoridades palestinas para reanudar el diálogo después de casi tres años.

Por su parte, el titular de Protección Medioambiental, Amir Peretz, apoyó la posición de Livni y en una entrevista con el Canal 1 israelí aseguró que el desarrollo de los asentamientos es «una cuestión política y no de prioridad nacional, que va en contra de los esfuerzos para promocionar la paz».

El periódico informó además que el vocero del Gobierno, Mark Regev, aclaró que en el caso de los asentamientos, cualquier subvención a viviendas o infraestructuras requerirá una aprobación gubernamental adicional.

Sin embardo, la decisión del Ejecutivo del primer ministro Binyamín Netanyahu recibió el rechazo de organizaciones israelíes que denuncian la ocupación militar y reclaman un proceso de paz con las autoridades palestinas.

«El Gobierno incluyó 91 asentamientos entre las 600 localidades que recibirán beneficios. Esto supone que la gente que quiera irse a vivir a esos asentamientos recibirá beneficios, lo que hace cuestionar la voluntad del Gobierno de lograr un acuerdo», señaló Yariv Openheimer, ex presidente de la ONG israelí Paz Ahora.

«El Gobierno no es serio sobre sus intenciones de salir de los asentamientos, si está invirtiendo dinero en ellos. Esta decisión pone un gran signo de interrogación acerca de sus verdaderas prioridades en pro del proceso de paz», advirtió.

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