El proyecto de ley propuesto por varios diputados ultranacionalistas israelíes para evitar la evacuación de viviendas en el barrio de Ulpana, en Cisjordania, abrió hoy las primeras grietas en la coalición que encabeza el primer ministro, Binyamín Netanyahu.

La confrontación con el jefe del gobierno la iniciaron los ministros de Exteriores, Avigdor Liberman, del partido ultraderechista Israel Betenu, y el de Interior, Eli Yishai, del ultrarreligioso sefardí Shas, al anunciar públicamente su apoyo a la llamada «Ley de regularización» de viviendas en Cisjordania que fueron construidas en tierras palestinas de propiedad privada.

La ley, preparada por varios diputados ultranacionalistas que se oponen a la demolición de viviendas judías en Cisjordania, trata de impedir la aplicación de una sentencia judicial que obliga al gobierno a demoler cinco inmuebles en el barrio de Ulpana, en el asentamiento de Bet El, tras una demanda presentada al Tribunal Supremo por el propietario de la parcela.

«Después de aconsejarnos con el rabino Ovadia Yosef, mentor y guía espiritual de Shas, hemos decidido que nuestro partido votará a favor de la ley», dijo Yishai en una reunión de su grupo parlamentario.

Por su parte, en un acto público en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, Liberman declaró que «prefiere una solución acordada a que se desencadene una crisis», pero que si no se encuentra esa solución, él y sus diputados votarán a favor de la ley, que será presentada en primera lectura el miércoles.

También dentro de su partido Likud, Netanyahu afronta una rebelión de cara a la votación y aún no ha decidido si impondrá la disciplina parlamentaria o dejará que sus diputados voten en conciencia.

El primer ministro, que gobierna al frente de una coalición de siete partidos de los 13 que actualmente componen la Knéset y con el apoyo de 94 diputados de un total de 120, se opone a la legislación porque, de ser aprobada, asestaría un duro golpe a la autonomía del poder judicial y podría tener un mal efecto para la colonización.

La política de colonización judía en Cisjordania, repudiada por los palestinos y condenada por la comunidad internacional, se hace desde 1970 en lo que Israel considera «tierras públicas», aunque hay miles de casas construidas unilateralmente por colonos en parcelas que pertenecen a individuos palestinos.

La ultraderecha teme que el caso de Ulpana desencadene una ola de demandas judiciales que la nueva ley trata de bloquear con carácter retroactivo.

Llamada también «Ley Migrón», por otro asentamiento pendiente de ser evacuado, la propuesta de ley establece que si el propietario palestino no recurre a los tribunales en el plazo de cuatro años desde que fue construido el nuevo barrio judío, las viviendas no serán evacuadas.

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