El partido centrista de la oposición israelí, Yesh Atid, que lidera el diputado Yair Lapid, recurrió ante el Tribunal Supremo la modificación de la ley de reparto equitativo de cargas que pospone seis años el reclutamiento militar obligatorio de los judíos ultraortodoxos, sector que rechaza servir y goza de exenciones.

La norma fue aprobada por el Parlamento y modifica una ley de la anterior legislatura que obligaba a ese sector a acudir a filas y respondía a la demanda social de que ese grupo - que representa a alrededor del 10 % de la población -, generalmente no trabaja, es beneficiado por subvenciones y dedica su vida al estudio de la Torá, se haga también cargo de las responsabilidades frente al Estado.

Yesh Atid, principal impulsor el año pasado de la ley para incorporar progresivamente a los judíos ultrarreligiosos al mundo laboral y al Ejército, rechazó con dureza la modificación y presentó un recurso contra ella, explicó el portavoz del partido, Yair Ziván.

La reforma, aprobada por 49 votos a favor y 36 en contra, no sólo retrasó el alistamiento obligatorio de los denominados «haredim», poniendo fin a un privilegio histórico que data desde la creación del Estado, en 1948, sino que también retiró las penas de cárcel que se contemplaban para los insumisos.

La enmienda es fruto de un acuerdo entre el partido Likud, liderado por el primer ministro, Binyamín Netanyahu, y los partidos ultraortodoxos, que apoyaron su candidatura al frente del Gobierno en las pasadas elecciones a cambio de beneficios para su comunidad.

El servicio militar es obligatorio en Israel tanto para los hombres, que sirven cerca de tres años, como para las mujeres, que lo hacen durante un periodo de dos.

Parte de la sociedad considera un privilegio injusto que los ultraortodoxos no compartan esa carga y salió masivamente a las calles en 2011 para exigir que también se les llame a filas.

A la presentación de la ley el pasado año siguieron multitudinarias protestas del sector ultraortodoxo que no impidieron su aprobación, pero los pactos electorales y de gobierno sí lograron ahora retrasar su aplicación.

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