El Tribunal Supremo de Justicia israelí confirmó una ley que impide a los palestinos casados con árabes-israelíes que obtengan la ciudadanía israelí.

Seis jueces de esta instancia jurídica, Rivlin, Grunis, Naor, Rubinstein, Meltzer y Hendel, aprobaron la ley, y cinco se opusieron: los jueces Levy, Arbel, Jubrán, Haiut y la presidenta de la Corte Suprema, Dorit Beinish.

La mayoría sostuvo que la ley no discrimina a la población árabe israelí, ya que es vigente para cualquier ciudadano del país que quiera contraer matrimonio con alguien que resida en un lugar que mantiene relaciones bélicas con Israel.

En sus informes los jueces subrayaron que reconocían el derecho a la reunión de las familias, que atañe al respeto de los derechos humanos, pero agregaron que este derecho puede concretarse fuera de Israel.

La Knéset adoptó en julio de 2003 una ley que limita el derecho a la estancia en Israel a personas extranjeras, lo que impedía de hecho a los palestinos casados con israelíes acceder a la ciudadanía israelí.

Esta legislación que debía aplicarse en un principio por un año fue reconducida por las autoridades que reclamaron razones de seguridad.

Varias organizaciones de derechos humanos calificaron la ley de discriminatoria y racista.