El actual ministro de Construcción y Vivienda israelí, Uri Ariel, prometió que el nuevo gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu mantendrá una expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania similar a la ejecutada por su anterior ejecutivo.
Las declaraciones de Ariel se producen apenas un día antes de la visita del presidente estadounidense, Barack Obama, quien abogó antes de su viaje por la detención de la construcción de asentamientos y de otras acciones unilaterales que puedan interferer en la reanudación de las negociaciones entre israelíes y palestinos.
La Administración Obama se opone totalmente a la construcción de asentamientos en Cisjordania, a los cuales considera ilegales y uno de los mayores obstáculos para la relanzar el proceso de paz en la región.
Sin embargo, el flamante ministro, miembro del partido nacionalista religiosso Habait Haiehudí, integrante de la nueva coalición, aseguró que la construcción en los asentamientos «continuará de acuerdo con lo que fue hasta ahora la política gubernamental».
«Construiremos en Judea y Samaria más o menos como se hizo hasta ahora. No veo motivos para cambiar», valoró.
Asimismo, Ariel destacó que la mayoría de la edificación de viviendas se llevará a cabo en zonas del desierto del Negev y la región de la Galilea, al tiempo que subrayó que la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania «no están entre los asuntos principales» de sus planes.
Alrededor de 250 asentamientos judíos fueron establecidos en Cisjordania desde su ocupación militar por parte de Israel en 1967, con una población estimada en ellos de 520.000 habitantes, según el informe de la ONU.
El pasado mes de diciembre, la Autoridad Palestina acusó a Israel en una carta dirigida a la ONU de estar planificando nuevos «crímenes de guerra» mediante la expansión de los asentamientos.
Tras la decisión de la Asamblea General de reconocer a Palestina como Estado observador no miembro de la organización, en noviembre de 2012, el gobierno de Netanyahu anunció la construcción de 3.000 nuevas viviendas en la zona denominada E-1, entre Cisjordania y Jerusalén, una resolución que fue criticada severamente por toda la comunidad internacional.
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