El acuerdo nuclear logrado entre Irán y la comunidad internacional, que abrió el país al mundo tras décadas de aislamiento, no supuso una mejora de la situación de los derechos humanos, que continuó su deterioro, según un nuevo informe publicado Amnistía Internacional (AI).

Tras entrar en vigor en enero de este año, el pacto significó un éxito de envergadura para el actual gobierno del presidente  Hassan Rohani. Aunque Occidente aseguró que como contra parte habría mayor control y monitoreo sobre lo que ocurre dentro del país persa, los resultados todavía no se hicieron evidentes.

En 2015, se restringió severamente el derecho de libertad de expresión, asociación y reunión y se detuvo y encarceló a las voces disidentes por cargos imprecisos y demasiado genéricos.

La tortura bajo custodia continuó siendo una práctica habitual, cometida con impunidad y en condiciones de reclusión muy duras, con penas muy crueles, como ceguera, amputación y flagelación, y muchas penas de muerte y ejecuciones, incluidas las de varios menores de edad.

Las autoridades bloquearon redes sociales, cerraron medios, interfirieron emisiones de canales de televisión extranjeros, detuvieron y encarcelaron a periodistas y a personas que expresaron críticas en internet y reprimieron protestas pacíficas.

En agosto, el Ministerio de Tecnologías de Comunicación e Información anunció el inicio de la segunda fase de «filtrado inteligente» de sitios web considerados socialmente perjudiciales, como Facebook o Twitter, con el apoyo de una empresa extranjera.

Los líderes de oposición Mir Hosein Musavi, Zahra Rahnavard y Mehdi Karubi permanecieron bajo arresto domiciliario sin cargos ni juicio, mientras decenas de presos de conciencia continuaron en prisión preventiva o cumpliendo penas por ejercer pacíficamente sus derechos, como periodistas, escritores, abogados, sindicalistas, estudiantes, activistas y defensores de los derechos humanos.

Se denunciaron condiciones de hacinamiento e insalubridad severas en varias cárceles y algunos ex reclusos revelaron que en la Prisión Central de Tabriz entre 700 y 800 personas se hallaban encerradas en tres celdas mal ventiladas con acceso a sólo 10 retretes.

Al menos un preso de conciencia, Shahrokh Zamani, murió en prisión por las malas condiciones y la falta de cuidados médicos.

Los miembros de minorías religiosas, como los bahaíes, los sufíes o los sunitas, sufrieron detenciones, discriminación y restricciones del acceso a la educación y de la libertad de practicar su fe.

Los grupos étnicos, como las comunidades árabe, azerbaiyana y kurda, también denunciaron una discriminación sistemática del Estado, con una represión policial desproporcionada en sus protestas.

Las mujeres continuaron discriminadas, con nueva legislación que menoscaba sus derechos, como el proyecto de ley para aumentar las tasas de fertilidad y evitar el descenso de población, que prohíbe el acceso a información sobre anticonceptivos y la esterilización voluntaria.

Finalmente, según AI, en este período las mujeres y niñas continuaron sin protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos, incluido el matrimonio temprano y forzado, la violación conyugal y la violencia en el ámbito familiar, mientras las leyes sobre el uso obligatorio del hijab continuaron facultando a la policía y a los paramilitares al hostigamiento.

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