La Autoridad Palestina (AP) advirtió sobre las repercusiones de las medidas israelíes contra los palestinos, incluyendo el provocar una intensa ira y una guerra religiosa.
Durante su reunión semanal, el Gobierno condenó los «constantes ataques israelíes contra la Mezquita de Al-Aqsa, el actual asedio contra la Ciudad Vieja de Jerusalén, el acordonamiento de barrios con puntos de revisión y bloques de cemento y la imposición de castigos colectivos contra los ciudadanos árabes de la ciudad».
En una declaración emitida por el Ejecutivo se pidió a la comunidad internacional «asumir sus responsabilidades legales y morales de evitar que Israel continúe con sus crímenes y su agresión en Hebrón, Jerusalén y todas las demás zonas palestinas».
El Gobierno que lidera el presidente Mahmud Abbás celebró de forma extraordinaria su reunión en Hebrón, ciudad en el sur de Cisjordania que atestiguó los más altos niveles de violencia desde el inicio de la actual oleada de tensiones entre palestinos e israelíes iniciada en octubre.
De los 74 terrorista palestinos muertos en la oleada de violencia, 29 eran originarios de Hebrón, según el Ministerio de Salud palestino.
El Gobierno pidió al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU que obliguen a Israel a retirar los enclaves de asentamientos en Hebrón y a reabrir la calle Shuhada que era el corazón de la economía de la ciudad.
El Gobierno de Abbás exigió permitir a las fuerzas de seguridad palestinas desplegarse de nuevo en la Ciudad Vieja de Hebrón para proteger a «los palestinos de los delitos de los colonos», así como eliminar todas las nuevas medidas israelíes como las restricciones de edad para el acceso palestino a la Tumba de los Patriarcas y el no permitir que los observadores internacionales realicen su trabajo.
El Ejecutivo anunció una serie de proyectos para apoyar la «Resistencia» de los residentes de Hebrón, incluyendo la puesta en marcha de 20 proyectos con un valor total de 7.238.000 dólares para brindar atención médica, educación e infraestructura en la ciudad, así como para ofrecer ayuda a la gente que vive en la Ciudad Vieja y en los alrededores de los asentamientos israelíes en Hebrón.
El gobierno pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) abrir de inmediato una investigación sobre los «delitos israelíes contra el pueblo palestino desarmado».
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