La Corte Penal Internacional (CPI) podría investigar a cualquier militar israelí, incluidos soldados rasos, así como a palestinos por crímenes de guerra cometidos, afirmó la fiscal Fatou Bensouda.
En una entrevista publicada por el diario «Haaretz», la fiscal de la CPI comentó el desarrollo del examen preliminar abierto en enero por esa institución sobre la posibilidad de que haya indicios para abrir una investigación oficial según los criterios del Estatuto de Roma sobre presuntos delitos cometidos en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, desde el 13 de junio de 2014.
La fecha marca el inicio de una gran campaña militar israelí tras la desaparición de tres adolescentes judíos en Cisjordania que desembocó en la ofensiva militar «Margen Protector» contra Hamás en Gaza.
«Si una investigación es abierta en cualquier situación, mi oficina estará guiada por una política de investigación y enjuiciamiento de los máximos responsables de la comisión de los crímenes», explicó Bensouda.
En ello estarían incluidos «los autores de menor o media graduación hacia arriba», lo que implica a cualquier militar israelí involucrado.
Asimismo, «nosotros, por supuesto, miraremos en los crímenes cometidos por todos los lados del conflicto. Dejé esto claro a tanto a funcionarios israelíes como palestinos».
Pero mientras tanto, y después de que la Autoridad Palestina (AP) aceptara en enero la jurisdicción de la CPI para analizar indicios de crímenes desde junio, Bensouda reiteró que se encuentran en una fase preliminar «en la que reuniremos y evaluaremos información recibida por todas la fuentes fiables de todas partes sobre supuestos crímenes cometidos por cualquiera de las partes en conflicto».
«En esta etapa, no estamos investigando y no se tomó la decisión de si se abre o no una investigación», expuso.
Bensouda también despejó dudas planteadas por varias voces que cuestionaban el estatus de la AP como Estado, lo que podría restarle capacidad de pedir una investigación en el futuro contra casos específicos.
A este respecto, resolvió que después de que la AP fuera reconocida como Estado observador por la ONU en 2012, «debe ser considerada un 'Estado' a efectos de adhesión al Estatuto de Roma, con sus derechos y obligaciones».
Preguntada también sobre la dificultad de respetar el mandato sólo legal de la Corte, de la que la AP pasó a ser miembro oficial en abril, la fiscal remarcó que dada su posición «las consideraciones políticas no fueron ni serán nunca parte de mi toma de decisiones. Mi deber se mantiene firmemente a la aplicación de la ley en cualquier situación ante el tribunal».
«Como fiscal de la CPI, ejecuto mi mandato de acuerdo al Estatuto de Roma, independientemente e imparcialmente sin temor o favor. Nuestro tratamiento sobre la situación en la AP no será diferente», insistió.
Tras el anuncio de la apertura del examen preliminar, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, salió en defensa de sus tropas y afirmó que no permitirá «que soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afronten un juicio en tribunales internacionales».
«Quiero también decir que estos pasos no nos persuadirán de seguir haciendo lo necesario para defender al Estado de Israel y a sus ciudadanos», subrayó.
Notas relacionadas:
Israel: Adhesión de AP a CPI, «política, cínica e hipócrita»
CPI recibe a AP con Israel acusado de crímenes de guerra
Netanyahu y Liberman: «Decisión de CPI, absurda y escandalosa»