La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dispuso la desclasificación de «la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia» relacionados con el atentado contra la Embajada de Israel, luego de que la Corte Suprema realizara un pedido formal en ese sentido.
Así lo hizo la mandataria a través de un decreto firmado en la misma jornada en que el Tribunal Supremo solicitó esa medida merced a un planteo de sobrevivientes y familiares de las víctimas del ataque ocurrido el 17 de marzo de 1992.
De esa forma, la presidenta cumplió con el compromiso que asumió con los sobrevivientes y familiares en marzo pasado, cuando, en ocasión de un nuevo aniversario del atentado, se reunió con ellos y les garantizó que, cuando el Máximo Tribunal lo requiriera, procedería a la desclasificación de los archivos vinculados con la voladura de la sede de la embajada, que dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos.
La reunión de Cristina con los sobrevivientes y familiares de las víctimas se produjo en un escenario signado por el contrapunto que mantuvieron los días previos el Ejecutivo y la Corte Suprema en torno a la investigación de ese atentado, luego de que el titular del máximo tribunal dijo que el ataque a la embajada era «cosa juzgada».
La apertura de esos archivos se suma a otras dos decisiones en el mismo sentido tomadas en el último mes por el gobierno argentino: la desclasificación de la documentación referida a la investigación del atentado a la AMIA oficializada el 13 de marzo pasado y la apertura de archivos de la guerra de Malvinas obrantes en las Fuerzas Armadas, formalizada esta semana.
En el decreto, la mandataria instruyó a la flamante Agencia Federal de Inteligencia para que, «previo análisis, remita a la Corte Suprema aquellos documentos donde se encuentre información relacionada con el brutal atentado» que el 17 de marzo de 1992 destruyó la sede diplomática israelí en Buenos Aires.
«Ni bien la Corte lo solicite, se procederá de igual forma que en la causa AMIA», aseguró el 19 de marzo pasado la presidenta a través de su cuenta en Twitter.
Allí, consignó la respuesta que le dio a uno de los integrantes de la comitiva de sobrevivientes y familiares de víctimas de la voladura del edificio diplomático que recibió dos días antes, ante la pregunta de si era posible desclasificar los archivos del atentado que precedió al ataque contra la mutual judía.
«Seguramente las querellas formularán la solicitud a la Corte Suprema, tribunal que tiene la responsabilidad de llevar adelante la causa Embajada con competencia originaria y exclusive», señaló en esa oportunidad la jefa de Estado.
El tema volvió a instalarse en la agenda pública cuando, en su último discurso inaugural del período de sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta criticó a la Corte Suprema por la falta de avances en la investigación del atentado.
«¿Sabe alguien, alguien le puede informar a esta presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema del atentado de la embajada de Israel, quiénes son los condenados, cuáles son los procesados, qué fue lo que pasó? ¿Me puede informar por qué el Estado de Israel no reclama por la embajada y sí reclama por la AMIA, que no me molesta que reclame por la AMIA?», afirmó en esa oportunidad.
La respuesta de parte de la Corte Suprema no tardó en llegar y dos días después, en su discurso de apertura del año judicial, el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, dijo que se trataba de «cosa juzgada».
«Simplemente a modo de aclaración, queremos hacer una breve referencia a la causa de la Embajada de Israel, en la que hubo una sentencia en el año 1998, es decir, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Hay sentencia», aseguró en ese contexto Lorenzetti, quien indicó que, por ese motivo, ese cuerpo supuestamente no podía «modificar lo que ya fue aceptado y es cosa juzgada».
La afirmación del titular de la Corte Suprema desató inmediatamente réplicas que incluyeron la del ex miembro del Máximo Tribunal Agusto Belluscio, quien afirmó que «de ninguna manera se puede hablar de cosa juzgada».
Ante la polémica generada por esa afirmación, un día más tarde la Corte Suprema publicó un informe que detallaba el estado de la causa, en el que, sobre el final, se señalaba que «está probada la materialidad de los hechos - cómo ocurrió el atentado - y también señalada la responsabilidad penal de sus autores».
En ese sentido, el documento señalaba que «sobre esa base firme se continúa con la pertinente investigación, para lo cual se solicitó la necesaria colaboración internacional».
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