La jueza argentina Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman, cuestionó en el Senado la «politización y sobre exposición» de la investigación por la muerte del fiscal, al tiempo que solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para que designe un veedor internacional.
En el Senado, donde la oposición al gobierno realizó una audiencia pública por el caso Nisman, la ex esposa del fiscal reclamó «prudencia, respeto y ética» al Ejecutivo, a la oposición y a los medios de comunicación, para que pueda actuar el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Arroyo Salgado, además, reclamó «no seguir politizando un hecho en el que todavía restan muchas cosas por despejar», al dejar entrever la postura de la familia, que no da crédito a la hipótesis del suicidio.
«En el día de hoy, en nombre propio y de mis hijas, solicité a la Defensora General de la Nación someter a consideración del programa la posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», sostuvo la magistrada sobre el pedido hecho ante la defensora Stella Maris Martínez.
En ese sentido, también reclamó que un veedor de ese organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la protección de los derechos humanos en el continente, siga de cerca la investigación, tal como ocurrió con el juicio por el atentado a la AMIA.
Ante legisladores de la oposición, representantes del Poder Judicial y organizaciones, Arroyo Salgado reveló que realizó además una presentación en la Fiscalía de Viviana Fein «solicitando que la actuación se ajuste a los postulados constitucionales y legales que impone el código de procedimientos de la Nación».
Según cuestionó, «la desmedida e inusitada exposición mediática de cada una de las pruebas fue desviando el curso de la investigación» y «se va alejando de la verdad» respecto de la muerte de su ex marido, fiscal especial de la causa AMIA.
En ese sentido, enfatizó: «Basta visitar los sitios web de la Justicia para tomar conocimiento de todas las medidas de pruebas que se hicieron».
«Les pido estar a la altura de las circunstancias, no seguir politizando un hecho en el que todavía restan muchas cosas por despejar», subrayó.
A su entender, «todo juicio de valor, aprobación o desaprobación, provenga del ámbito del que provenga interfiere y condiciona la labor del Poder Judicial».
«Pido prudencia, respeto, ética para la investigación de este hecho que nos conmovió como sociedad para mis colegas que les toca investigarlo», remarcó Arroyo Salgado.
Y agregó: «Debiera ser la actitud no sólo de los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y la sociedad en su conjunto el tratamiento ético de los medios de comunicación social que no sólo condicionan el ánimo y la actuación de algunos funcionarios, sino también su rol es sumamente importante como formadores de la opción pública».
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